La discusión por la universidad pública volvió al centro de la escena, pero esta vez no solamente por el reclamo presupuestario. En medio de la cuarta marcha del pasado 12 de mayo y del conflicto entre las universidades nacionales y el Gobierno del Pdte Milei, empezaron a salir a la luz datos que abren otro debate: qué pasa puertas adentro con el manejo de los fondos asignados.
Según el Subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación Alejandro Álvarez, bajo la bandera de la autonomía universitaria, se han legitimado mecanismos de discrecionalidad técnica en la distribución de fondos y fijación de haberes que desafían la lógica de la rendición de cuentas. La tensión actual no es un simple conflicto presupuestario, sino una crisis de transparencia: "La asignación de fondos se hace de manera arbitraria por negociación política en la comisión de presupuesto. Así se ha hecho habitualmente: por lobby."
La Ley de Educación Superior establece un piso mínimo: “ninguna institución puede recibir menos que el año anterior", pero deja el excedente a merced de negociaciones "entre gallos y medianoche" en las comisiones del Congreso, expresó Álvarez. Pero la ausencia de indicadores objetivos como la tasa de graduación, el estado de la infraestructura o la pertinencia regional de las carreras, ha permitido una asignación arbitraria de recursos. El dato más revelador es la inacción del propio Consejo Interuniversitario Nacional (CIN): aunque han votado en siete ocasiones a favor de un "sistema de asignación por pautas" basado en criterios racionales, nunca lo han implementado. El resultado es un sistema donde el peso político de un rector en Buenos Aires tiene más impacto presupuestario que las necesidades académicas de una universidad en el interior.
Por otra parte, la disparidad salarial dentro de las facultades es quizás el síntoma más agudo de esta crisis de gestión. Mientras el salario promedio de un docente universitario se sitúa en torno a los 500.000 pesos, las autoridades poseen la potestad absoluta de autoasignarse remuneraciones mediante un sistema de "pluses" y gastos de representación que escapan al control centralizado. El Subsecretario manifestó que los últimos registros informados en este sentido, han detectado haberes de 18 millones de pesos, cifra que representa el último dato verificado. No obstante, informes actuales sugieren picos estimados de entre 20 y 25 millones de pesos, montos que requieren una auditoría urgente para su validación final dada la opacidad con la que se informa la ejecución de estos haberes.
El gobierno nacional dice que la propuesta técnica es clara: reformar la Ley de Educación Superior para establecer un tope donde los cargos ejecutivos no puedan superar en más de un 25% la remuneración de la máxima categoría docente, asegurando que la autonomía no puede ser un cheque en blanco para la creación de una casta administrativa.
La batalla por las auditorías
La resistencia institucional a la transparencia ha derivado en un complejo "tire y afloje" legal. El eje del conflicto es la negativa de universidades como la UBA a ser auditadas por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), el órgano de control interno del Ejecutivo. Si bien la UBA obtuvo inicialmente un amparo judicial sobre los artículos 5 y 6 de la normativa de control, la Cámara de Apelaciones ha suspendido dicho amparo, trasladando la batalla final a la Corte Suprema.
La transparencia es el eje del conflicto por tres razones fundamentales:
1 - Obstrucción al control técnico preventivo: Al rechazar a la SIGEN, se evita una auditoría de procesos en tiempo real, delegando todo a una auditoría externa (AGN) que suele actuar con años de retraso.
2 - Opacidad en la ejecución temporal: Las universidades informan sus gastos con meses de retraso, impidiendo el seguimiento del flujo de fondos públicos.
3 - Inexistencia de datos abiertos: La falta de informatización total del sistema salarial y de compras facilita el manejo discrecional de las partidas.
Cargos docentes: clientelismo vs mérito
La calidad universitaria se fundamenta en la carrera docente, pero el sistema actual favorece el clientelismo sobre el mérito. Aunque la ley exige que el 75% del cuerpo docente sea designado por concurso público, la realidad arroja un promedio nacional de apenas el 17%.
Desde la perspectiva de las políticas públicas, esto no es solo un incumplimiento legal, es un mecanismo de control político. Un docente que no ha concursado carece de estabilidad institucional y depende directamente del favor de la autoridad de turno para renovar su designación. Esta precarización es la base del patronazgo político dentro de las facultades, donde la lealtad partidaria termina pesando más que la excelencia académica.
La guerra por los Fondos Hospitalarios
El conflicto real subyace en el "Fondo de Refuerzo", una partida discrecional destinada a emergencias sanitarias en todo el país. La tensión surge porque la Universidad de Buenos Aires pretende acaparar el 95% de este fondo de refuerzo, dejando sin recursos a hospitales regionales que enfrentan crisis críticas, como ocurre en provincias como Chaco, según lo manifestó Álvarez. La propuesta oficial es democratizar estos recursos mediante una comisión de rectores que asigne los fondos bajo criterios de necesidad objetiva, rompiendo con la pretensión monopólica que hoy impera.
Lo cierto es que el sistema universitario argentino se encuentra en una encrucijada: o abraza la modernización institucional y la informatización de sus cuentas, o continua en una autonomía mal entendida que solo sirve para proteger privilegios. El futuro exige una gestión basada en datos, indicadores de resultados y techos salariales racionales.
La pregunta es: ¿Es la autonomía universitaria un derecho a la opacidad, o debe ser el estándar más alto de rendición de cuentas ante la sociedad que la sostiene?
